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2011-10-27 | Noticias de Chile

El dossier que complica a la oposición

Por Claudia Farfán y Esteban González


La Moneda decidió revisar una a una las pensiones de exonerados políticos entregadas por la Concertación. Son 157.000 y ya han estudiado los antecedentes de 4.000. De éstas, 200 serán judicializadas y obligarán a revisar el accionar de, al menos, una decena de parlamentarios.

Juan de Dios Flores Silva tenía 16 años cuando fue exonerado del asentamiento "Luis Emilio Recabarren", organización campesina que fue intervenida por el gobierno militar el 11 de septiembre de 1973.

Así lo certificó en mayo de 2001 la entonces diputada Isabel Allende en la documentación que adjuntó el ex trabajador para acceder al beneficio previsional como exonerado político.

Su nombre figura en la actualidad entre los cerca de 200 casos donde la subsecretaría del Interior detectó anomalías en el otorgamiento de esta medida reparatoria, luego que -a partir de abril pasado- iniciara la revisión de cuatro mil carpetas de un total de 157.000 beneficios entregados desde 1993 a 2010.

A las actuales autoridades de gobierno no sólo les llamó la atención que Flores recibiera el beneficio como menor de edad, sino también que el único antecedente que él presentó en su postulación fue un certificado firmado por la senadora. Hecho que no fue objetado por la comisión calificadora, que debía chequear que cada petición cumpliera con requisitos como presentar contratos, finiquitos u otros documentos.

Las denuncias por irregularidades se iniciaron el año 2008, pero sólo el 2010 el caso se judicializó como una arista de las indagaciones por las becas Valech. En agosto del año pasado, La Moneda se querelló por falsificación de instrumento público y privado. En diciembre, Interior inició un sumario y este año se realizó la revisión de cuatro mil carpetas.

Desde el punto de vista legal, sólo hay un formalizado en la causa que lleva la fiscal Ximena Chong. Se trata de Julio Allendes, un conocido "tramitador" de estos beneficios durante los gobiernos de la Concertación.

El próximo paso de La Moneda es entregar las casi 200 carpetas al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que éste se haga parte en la querella y evalúe en qué casos se puede suspender la entrega del beneficio y en cuáles se puede pedir el reembolso de lo pagado por años.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explica que las irregularidades van desde no cumplir con la mayoría de edad a la hora de haber sido un "trabajador exonerado" hasta pensionados de empresas que nunca fueron intervenidas. También hay casos donde los antecedentes presentados son insuficientes, o donde no se logró demostrar el vínculo laboral. Esto ocurrió con muchos ex funcionarios de partidos políticos.

Pero el tema más sensible que ha debido manejar el gobierno es la identidad de los parlamentarios que figuran entre sus carpetas "objetadas", y que serán prontamente remitidas al CDE.

Entre éstos figura el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien firmó 11 solicitudes de exonerados políticos de la antigua Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (Crav), sede de Penco, en circunstancias que la Contraloría estableció el 2008 que esa empresa nunca fue intervenida.

"Entregué esos certificados antes del dictamen de Contraloría con la convicción de que los empleados fueron despedidos por motivos políticos", señala Navarro. El senador también cuestiona el criterio usado por el contralor.

El diputado DC, Sergio Ojeda, también está en la lista de Interior, con siete certificados para ex funcionarios de la empresa Calo, que no figura como intervenida. Contactado por La Tercera, el legislador declinó referirse al tema.

Con casos similares figuran la senadora Allende y otra vez Navarro, acreditando exoneraciones en la ex Compañía Sudamericana de Fosfatos, pese que ésta tampoco posee la calidad de empresa intervenida (dictamen de 2007).

Allende ha señalado que recibió muchas solicitudes, y sólo le di certificados "a los que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas".

El PPD Enrique Jaramillo figura respaldando a un postulante que obtuvo la pensión, pese a haber presentado sólo la copia del carnet de identidad y la recomendación de un consejero de la empresa intervenida. Consultado por La Tercera, el diputado asegura que le falsificaron la firma (ver recuadros).

Ayer, el subsecretario Ubilla concluyó la revisión de las carpetas junto al encargado de la oficina de exonerados políticos, Román Zelaya.

Hace un año, la policía encontró en la casa de Julio Allendes un cúmulo de solicitudes de pensiones falsas, lo que fue la primera prueba concreta de las irregularidades. Según el presidente de la Agrupación Unitaria de Exonerados Políticos, Raúl Celpa, Allendes tenía buenos vínculos con funcionarios del Ministerio del Interior de los gobiernos anteriores, especialmente con quienes estaban a cargo de calificar a los postulantes.

Agrega que su agrupación denunció a "los falsos exonerados" ante las autoridades de la época, pero que "nada se hizo por el costo político que esto podía significar. El año 2003 le entregamos un oficio al Presidente Ricardo Lagos, donde hacíamos ver esta situación. Poco después -añade- el director del programa para exonerados, Humberto Lagos, salió de su cargo".

Lagos se defiende indicando que durante su gestión todas las pensiones entregadas fueron tomadas de razón por Contraloría, sin objetar nada.

Con respecto de los certificados de parlamentarios -que no eran vinculantes-, dice que estas recomendaciones "reforzaban las solicitudes".

Desde el punto de vista administrativo, Contraloría ha emitido más de una veintena de dictámenes referidos a estos casos, modificando sus propios criterios sobre la calificación de las empresas intervenidas.

Además, en 1998 la ley se modificó flexibilizando los requisitos para postular.

De acuerdo con cifras oficiales, ese año se produjo un brusco aumento en el número de personas favorecidas con la pensión de exonerado. La cifra se elevó de 13 mil a 90 mil beneficios.

Fuentes de gobierno explican que este incremento también obedeció a que, en esa época, se incluyó como beneficiarios a ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex parlamentarios y ex integrantes del Poder Judicial.

En resumen, los casos han dejado al descubierto desorden administrativo, falsificaciones y cambios de criterio de la autoridad frente a la calificación de empresas intervenidas.

Determinar si esto corresponde a una simple irregularidad o se trata de delitos, es lo que debe definir la fiscalía.

Por su parte, la apuesta de La Moneda es revisar una a una las 157.000 carpetas de aquí al próximo año, y judicializar todos los expedientes que presenten anomalías. La idea es poner fin a todos los beneficios en aquellos casos donde la justicia acredite la existencia de falsos exonerados, y castigar a quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.
La falsa certificación de 52 exonerados
Uno de los casos cuestionados por el gobierno es el de Domingo Aguilera Jaramillo (76), en cuyo expediente no se cumplen todos los requisitos necesarios para la entrega de la pensión. Esto, pues no está acreditado el despido por motivos políticos.

En su postulación, Aguilera asegura que en 1976 fue desvinculado de la Compañía Forestal y Maderera Panguipulli (Cofomap), una empresa estatal que estuvo intervenida durante todo el gobierno militar y que fue privatizada en 1988.

En el relato de los motivos políticos de la exoneración, Aguilera sólo indica que ingresó a Cofomap en 1971 y que se mantuvo allí hasta la fecha de su supuesta exoneración, por lo cual no se le consideraron años de servicio. Adjunta una carta de José Martínez Peña, actual concejal de Panguipulli y quien hasta antes de 1973 era miembro del Consejo de Gobierno de la empresa.

Aguilera también entregó un certificado firmado por el diputado Enrique Jaramillo (PPD) en mayo del año 2000, en el que el parlamentario avala de una sola vez una lista de 52 exonerados de la misma empresa.

"No es mi firma. No puedo decir que la lista no sea de gente de comités de exonerados con la cual estuve en contacto y donde el concejal Martínez colaboró. Ese documento seguramente salió de Panguipulli, en la misma época en que descubrí que algunas secretarias estaban cometiendo irregularidades. Los certificados que yo emití no son más de 10 o 12", señaló a La Tercera el diputado Jaramillo.
Empresa que nunca fue intervenida
En julio de 2003 Raúl Delgado Delgado (76) solicitó ser calificado como exonerado político. Entre sus argumentos, aseguró que desde 1955 y hasta la fecha de su despido, trabajó en la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (Calo).

"Después del golpe de Estado, la empresa fue intervenida (...) Empezaron los despidos masivos en la empresa. Yo fui exonerado el 28 de febrero de 1981, pagándome sólo una parte de lo que correspondía por años de servicio", asegura en el escrito que presentó ante la comisión calificadora.

Uno de los antecedentes que incluye su carpeta es un certificado del diputado Sergio Ojeda (DC), donde éste afirma que Delgado sí trabajó en Calo. "Me consta, dada la calidad de Asesor Jurídico, como abogado del Sindicato de Trabajadores 1 y 2 de Calo, y que ejercí desde el 4 de agosto de 1977 hasta el 31 de julio de 1981", dice el documento.

Desde el gobierno aseguran que el beneficio está mal entregado, porque la empresa nunca estuvo intervenida durante el gobierno militar, lo que es corroborado por dictámenes de la Contraloría General de la República del 2007 y 2008.

Contactado por La Tercera, Ojeda señaló que no recordaba las empresas sobre las cuales emitió certificados, y declinó referirse al caso en cuestión.

El caso Crav en Viña del Mar
La situación de los ex trabajadores de la Compañía Refinera de Azúcar de Viña del Mar (Crav), es una de las más sorprendentes.

Rosario Torres García (86) recibe mensualmente una pensión en su calidad de exonerado político de la Crav.

En su presentación ante la comisión calificadora, Torres señaló que trabajó en la planta de Penco, Región del Biobío, hasta 1974. También aseguró que la quiebra de Crav -en 1981- se debió a la presión que el gobierno militar ejerció sobre la empresa.

En su postulación, Torres acompaña junto a su contrato de trabajo y finiquito un certificado emitido el año 2001 por el actual senador y entonces diputado Alejandro Navarro (MAS). En el documento, el parlamentario asegura que el trabajador fue exonerado porque "participó en actividades sindicales, manifestaciones públicas y por no estar de acuerdo con el gobierno de la fecha".

Sin embargo, desde el gobierno indican que un dictamen de Contraloría del año 2010 estableció que los despidos ocurridos en la azucarera se debieron a la quiebra de la misma y no a la intervención militar.

"Nos acercamos donde el senador porque de otra forma no nos tomarían en cuenta. Eramos cientos y nunca nos dijeron que la empresa no estaba entre las intervenidas", señala Torres.

Por su parte, el senador Navarro explicó que él certificó a los exonerados antes de que Contraloría objetara a la empresa como una de las intervenidas.

La Tercera, Octubre 2011.


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