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2012-09-24 | Derechos Humanos

Así se convirtió en negocio inmobiliario el sangriento cuartel de la DINA


El millonario negocio de los Pinochet boys con el centro de exterminio de Simón Bolívar 8800.
La operación se llevó a cabo al final de la dictadura. Implicado aparece el ex auditor del Ejército, Juan Romero, representante de Augusto Pinochet en sus negocios y procesado en el caso Riggs; también la CNI, y un sobrino político de Lucía Hiriart. Negocio redondo, esta vez con el centro de exterminio que fue testigo de las peores atrocidades cometidas en la dictadura contra seres humanos.

Los detalles son parte de un nuevo capítulo contenido en la segunda edición de La Danza de los Cuervos.

Un mes antes de terminar la dictadura, la Fundación Mi Casa, institución entonces dueña del cuartel Simón Bolívar 8800, donde se eliminó a cerca de 250 personas, decidió vender la propiedad.

“La parcela en que operó la Brigada Lautaro estuvo en manos de la Fundación Mi Casa hasta el 11 de diciembre de 1989, fecha en que esta institución la vendió a la Central Nacional de Informaciones (CNI) por un total de casi tres millones de pesos”, señala el nuevo capítulo perteneciente a la segunda edición de La Danza de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo.

Respecto de la relación de Fundación Mi Casa y la dictadura, el libro detalla:

“La entidad de beneficencia fue dirigida, entre 1973 y 1998, por el general Juan Romero Riquelme —oficial con buenas relaciones en el mundo democratacristiano—, quien luego fue nombrado Auditor General del Ejército, cargo que mantuvo hasta su pase a retiro en 2005. Además de militar, Romero es abogado, profesión desde la cual actuó como asesor financiero del ex dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. A nombre de ellos realizó numerosas compras de terrenos. Estas transacciones fueron investigadas por el ministro Carlos Cerda durante el caso Riggs. En 2007, Romero Riquelme fue una de las 23 personas del círculo de confianza del dictador procesadas en el caso por enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Hasta antes de ser removido del caso, Cerda investigó los movimientos de una cuenta de la Fundación Mi Casa —activa durante el período en que Romero Riquelme actuó como su gerente general— desde la que se habrían derivado fondos a la fortuna de Pinochet.


El libro explica que la CNI tuvo en sus manos Simón Bolívar 8800 durante poco más de dos semanas, para vendérsela a una empresa off shore. “El 29 de diciembre de 1989, la CNI le vendió la propiedad a Webster Trust Inversiones Limitada por 45 millones de pesos, un valor 15 veces más alto en relación al precio supuestamente pagado a Mi Casa”.

El libro explica que la CNI tuvo en sus manos Simón Bolívar 8800 durante poco más de dos semanas, para vendérsela a una empresa off shore.

“El 29 de diciembre de 1989, la CNI le vendió la propiedad a Webster Trust Inversiones Limitada por 45 millones de pesos, un valor 15 veces más alto en relación al precio supuestamente pagado a Mi Casa”.

A continuación se explica que al momento de hacer el negocio, la empresa chilena con domicilio en Panamá, tenía entre sus socios al abogado José Miguel Altamirano Hiriart, entonces empleado de la firma Montt y Compañía. Según el nuevo capítulo del libro, Altamirano Hiriart es pariente político de Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet.

“Me llamó la atención que el segundo apellido de Altamirano fuera Hiriart, como el de Lucía Hiriart, ex esposa del general Augusto Pinochet. (…) Conseguí comunicarme telefónicamente con José Miguel Altamirano Hiriart. Como me llamaba la atención su segundo apellido y su probable relación con la viuda de Augusto Pinochet, la conversación partió por ahí. Había averiguado que, si bien no es pariente directo con la ex “primera dama”, su hermano, Fernando Altamirano Hiriart está casado con una sobrina de ella. Él confirmó la información, pero negó conocer a Lucía Hiriart. (…) Pero el punto de quiebre en nuestra conversación fue la Webster Trust y la compra del predio a la CNI. No sólo no recordaba la operación, sino que además negó la posibilidad de haberla realizado, pues según su versión, a esa fecha él ya no trabajaba para el estudio de abogados Montt y Compañía. “Yo me fui del estudio de Montt Vicuña antes de diciembre de 1989, así que no sé qué sucedió. No sé si me falsificaron la firma o qué, pero a esa fecha yo ya me había ido de ese estudio de abogados. Estoy seguro. Voy a hablar con ellos para averiguar y lo llamo de vuelta”, respondió.
Lo llamé varias veces en días posteriores. Principalmente quería decirle que, de ser cierto que dejó Montt y Compañía en 1989, su firma fue falsificada hasta marzo de 1991, fecha en la que aparece realizando operaciones para Webster Trust, según las escrituras firmadas en la notaría de José Musalem Saffie. No me devolvió los llamados ni tampoco se comunicó de vuelta como me había indicado que haría luego de clarificar las cosas con el estudio de abogados Montt y Compañía”, afirma Rebolledo.

“El 8 de mayo de 1990, Webster Trust vendió la propiedad —que hoy corresponde a Simón Bolívar 8800— a la Inmobiliaria y Constructora Los Coigües. El precio fue de 68 millones de pesos, operación en la que la empresa, con domicilio en Panamá, se metió al bolsillo 23 millones de pesos, ya que sólo cinco meses antes había pagado 45 millones a la CNI”.

El libro concluye que recién iniciada la transición, la constructora, que creció durante la dictadura haciendo viviendas sociales para el régimen, construyó el condominio Simón Bolívar 8800.

“Los Coigües vendió las casas a partir de 1991. Éstas se comercializan actualmente en un promedio de 180 millones de pesos cada una. Un ex funcionario del Banco del Estado —que prefirió mantener su nombre en reserva— declaró que a principios de los ’90, cuando trabajaba en dicha institución, un conocido agente de la CNI les ofreció en venta las casas de Simón Bolívar 8800, a él y a otros altos funcionarios del banco”.

20 de septiembre 2012
El mostrador


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