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2011-03-28 | Derechos Humanos

Baltasar Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos


El magistrado intenta evitar el juicio por investigar los crímenes del franquismo y asegura que se trata de un ataque a su independencia

Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que la causa abierta contra él en el Supremo por investigar los crímenes franquistas ha violado sus derechos fundamentales. En una iniciativa sin precedentes, el magistrado suspendido alega que en el caso penal por el que va a ser juzgado por un delito de prevaricación se ataca a la independencia judicial, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho «al dejar indefensas a las víctimas».

Es un enjuiciamiento «injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo», denuncia Interights, el bufete británico con sede en Londres y especializado en litigios internacionales ante el Tribunal de Estrasburgo.

El Supremo tiene paralizado el procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones de Garzón contra cinco de los siete magistrados que le juzgarán, y la fecha del juicio aún no ha sido fijada. Interights presentó la demanda el jueves para defender «el derecho de Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial».

Garzón alega que el procedimiento que sigue contra él Supremo por investigar los crímenes del franquismo «pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos "per se", de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales».

«La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia», añade Garzón, quien sostiene que «la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el derecho y la práctica internacionales».

La demanda explica que las investigaciones sobre los crímenes no han continuado tras la suspensión de Garzón. El bufete británico señala que el hecho de que no haya continuado la investigación ni el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura franquista una vez que juez se inhibió del caso se debe en parte a la existencia de las leyes de amnistía aprobadas durante la transición democrática.

Para el juez, aplicar esta ley de Amnistía «resulta especialmente controvertida» en relación con los crímenes contra la humanidad, y alega que existe una opinión diversa al respecto entre los legisladores y los propios jueces españoles. Antes del procedimiento penal contra Garzón, el Supremo había considerado la aplicabilidad de amnistías únicamente con relación a otros estados.

Garzón destaca que su interpretación no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que «está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional». La directora de litigios de Interights, Helen Duffy, subrayó que el juez español encausado «está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas». En su opinión, Garzón está siendo «víctima de un procedimiento penal injustificable, que ha dejado una profunda huella en su vida».

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido, por su parte, al Tribunal de Estrasburgo que acabe con la doble moral del Supremo y del sistema español que ha permitido investigar las desapariciones en otras dictaduras y, sin embargo, consideran delito hacerlo en el caso del franquismo. El PP tachó de «garzonada» la iniciativa del juez suspendido. Gregorio Peces-Barba consideró, por su parte, que es poco factible que Estrasburgo se pronuncie contra el Supremo.


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